Dirigida por Christian Mungiu, esta película rumana, Cuatro meses, tres semanas y dos días, expone con crudeza la dramática situación que viven las dos protagonistas del film, Gabita (Laura Vasiliu) y Otilia (Anamaría Marinca), cuando Otilia se ve forzada a realizarse un aborto en Rumanía durante el régimen comunista de Ceaucescu que en el año 1966 prohibió el aborto y el uso de anticonceptivos. El aborto debe ser realizado de forma clandestina, en un hotel y en manos de un inidviduo desconocido que las humilla aprovechando la ocasión pero promete ayudarlas instalando una sonda en la vagina de Otilia que lograría interrumpir el embarazo. Las circunstancias son penosas así como las condiciones de higiene y de seguridad.
Mungiu se basó en hechos reales, pero añade que «el film no sólo abarca el tema del aborto, es acerca de cómo en esa sociedad la gente se sentía vigilada, controlada, con miedo de hacer y de pensar.»
Cuando se derrumbó el muro de Berlín se constató que 500.000 mujeres habían muerto como consecuencia de abortos clandestinos nada seguros, sin incluir a las mujeres que nunca fueron a hospitales. Con el fin del régimen, en 1989, Rumanía volvió a legalizar el aborto.
Actualmente en España, se está tramitando la así llamada Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que restringe las posibilidades de abortar respecto de la Ley aprobada por el PSOE en 2010. El argumento del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es que aquella ley desprotege al nasciturus en las primeras 14 semanas de embarazo mientras que su propuesta representa un equilibrio entre los derechos del no nacido y los de la mujer. Los supuestos para poder abortar ahora se restringen a dos: «violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos —con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo— los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.» Sería la ley más restrictiva de la democracia en España.