El hotel el Algarrobico, en el cabo de Gata es el ejemplo más flagrante del fracaso de la Ley de Costas, una ley que desde 1988 prohíbe cualquier tipo de construcción a menos de 200 metros del mar, pero que no ha sido suficiente para evitar que en pleno parque natural se construya una mole de cemento como el mencionado hotel.
Aún así, el gobierno del PP tiene la intención de eliminar o al menos suavizar drásticamente las limitaciones que impone dicha ley. El Consejo de Ministros tiene previsto reunirse para analizar un anteproyecto de ley propuesto por el Ministro de Medio ambiente Miguel Arias Cañete.
Arias Cañete propugna “liberalizar el litoral español” con el fin de que la Ley de Costas sea «plenamente compatible con el crecimiento económico, la generación de empleo y la contribución a la crisis».
Entre las acciones que prevé llevar a cabo el ministerio destacan la de alargar las concesiones de las viviendas situadas en la playa desde los 30 años permitidos en la actualidad hasta los 75 y autorizar su compraventa. Los ecologistas advierten aquí la posibilidad de que se está buscando legalizar construcciones realizadas vulnerando la Ley de Costas, como es el ejemplo del Algarrobico.
En las rías, el ministerio propone reducir la protección de 100 a 20 metros. Además se pretende hacer una distinción entre playas naturales y urbanas, que disfrutarán de una legislación de costas más flexibles tanto para las construcciones ya realzadas como para las futuras. La pregunta es; después de la masificación del ladrillo de los últimos 60 años… ¿Qué criterios se utilizarán para determinar cuál es una playa urbana y una natural en el Mediterráneo? O dicho de otra forma ¿Quedan aún playas no-urbanas en la costa mediterránea?
Ladrillo y chiringuitos ¿Les suena?
Para conocer bien la intención detrás de esta ley hay que mirar a 1988, el año en que se publica la Ley de Costas actual, que prohíbe la construcción cerca de la costa con el fin de salvaguardar el litoral. A las casas y hoteles ya construidos, se les ofrece una moratoria de 30 años, después de los cuales pueden ser expropiados y derribados.
En 2018 se cumplen esos 30 años, y el gobierno del PP sugiere derogar la ley, para extender la moratoria a las construcciones en la playa e incluso flexibilizar los permisos para construir más, con el pretexto de crear trabajo, vamos, el modelo de desarrollo que nos ha llevado hacia el lugar donde nos encontramos ahora. La ruina.
El proyecto ya ha recibido presiones de las embajadas de Alemania y el Reino Unido, ya ven, más preocupados por nuestro litoral que quienes nos gobiernan, por que este proyecto de ley afecta a ciudadanos de estos países que residen en el Mediterráneo Español.
Por último, el gobierno del PP favorecerá los chiringuitos, si con la actual ley sus concesiones se limitan a 150 mts cuadrados, la nueva ley pretende ampliar su superficie. En Gandía, Valencia, ya hay un empresario que planea un chiringuito de 987,63 metros cuadrados.