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Relación entre violencia y personas con discapacidad o enfermedad mental

violencia y discapacidad

En contra de lo que menudo se cree, proporcionalmente, las personas con una enfermedad mental no son más violentas que las no lo son ni cometen más delitos.
De hecho los estudios indican que una de cuatro personas con enfermedad mental han sido ellas víctimas de actos violentos. Esto significa que son cuatro veces más propensas a ser atacadas que cualquier otro individuo.

Cada año mueren aproximadamente medio millón de personas adultas por una acto violento y el 15% de esas personas tienen casualmente alguna discapacidad lo que las hace más vulnerables, ya sea por falta de estudios y empleo, menor capacidad para defenderse, ser más vulnerables, necesitar ayuda en su día a día, dificultades de comunicación, aislamiento, estigma y discriminación.

Mark Bellis, principal autor de un estudio sobre este problema de la Universidad John Moores de Liverpool, explica que: «Aproximadamente el 3% de las personas con un deterioro no específico [físico, mental o emocional, o problemas de salud que conlleven una restricción de las actividades] habrá sufrido un acto violento en los últimos 12 meses, aumentando a casi una cuarta parte cuando hablamos de personas con una enfermedad mental. El tiempo de exposición a la violencia y la proporción de estas personas que son directamente amenazadas o que viven con el temor de llegar a ser una víctima, son sustancialmente mayores de lo que pensábamos». Es decisivo según Bellis tomar conciencia de los datos para, desde la salud pública, prevenir este tipo de incidentes.

Al analizar los datos publicados en The Lancet, se comprueba que la prevalencia de cualquier tipo de acto violento, ya sea sexual, físico o de género, es mayor tanto en adultos con enfermedad mental como en aquellos que con deterioro intelectual.

Lo que sorprende a los investigadores es la ausencia casi total de estudios sobre esta problemática y que la calidad de los que hay son algo mediocres y hacen referencia a los países del primer mundo cuando en realidad es en los países en vías de desarrollo donde más se producen estos actos violentos.

Su revisión incluyó 26 estudios que incluían los datos de 21.500 personas con discapacidad de siete países: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y Sudáfrica. En cualquier caso “Deberían implementarse métodos para detectar a estas víctimas en los centros de salud, programas para las mujeres que han sufrido abusos, y centros de acogida independientes para albergar a un amplio colectivo de personas con discapacidad que hayan experimentado abusos» además de continuar investigando el fenómeno y coordinar esfuerzos para evitar estos actos violentos.

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